Marzo 2010: La ciencia ya no propone, exige un plan, educación y un sistema de alerta

Científicos locales señalan que la comunidad que representan debe estar más inserta en la institucionalidad estatal preventiva.

Los problemas en el aviso del tsunami del 27 de febrero, las deficiencias en edificaciones y el pánico ciudadano, entre otra malas experiencias, se pueden evitar si el mundo científico es más considerado, opinan expertos de Concepción.

El 15 de febrero, 12 días antes del terremoto, la Cámara Chilena de la Construcción declaraba a El Diario de Concepción que no existe una norma legal que impida construir edificios o cualquier otra infraestructura en determinadas zonas costeras por el riesgo de ocurrencia de tsunamis, es decir, en los planos reguladores. Incluso el presidente de su Comité de Arquitectura, Manuel Durán, señalaba que no se puede dejar de edificar en las actuales ciudades y balnearios costeros ni tampoco “dejar de hacerlo por supuestos referidos a hechos que pueden ocurrir en 50 ó 100 años”. Desgraciadamente el supuesto ocurrió 12 días después. En tanto, el director regional de la Onemi, Jorge Henríquez, reconocía que faltaba un trabajo más coordinado con las empresas y confirmaba que su institución carecía de las atribuciones para obligar a crear planes de contingencia a los propietarios de construcciones costeras en caso de tsunami.

Tras el sismo y maremoto del 27 de febrero quedó claro que una de las lecciones de esta tragedia fue justamente la falta de relación entre el mundo científico, sus estudios y sugerencias, principalmente respecto a la necesidad de ejecutar sus proyectos, y la serie de actividades que realiza la sociedad en una región como Bío Bío, especialmente en sus zonas costeras.

El elemento central solicitado hace años por la comunidad científica local se denomina “planificación”, que tiene que ver con que las iniciativas económicas, habitacionales, viales y todo lo que tiene relación con el uso del borde costero debe considerar la certeza de terremotos y tsunamis que, tarde o temprano, siempre ocurrirán.

El elemento central de esta relación entre las ciencias de la naturaleza y la sociedad significa la creación, primero, de un sistema nacional y regional de alerta temprana de terremotos, tsunamis, inundaciones, incendios y otros riesgos naturales -incluidos los creados por la acción del ser humano-.

El propio Henríquez, en conjunto con el oceanógrafo físico Samuel Hormazábal y los sismólogos Adriano Cecioni y Klaus Bataille han señalado en estas páginas, en diversas ocasiones, la necesidad de tener un sistema nacional y regional que considere equipos de monitoreo de estas emergencias. Esto significa poseer, por ejemplo, equipamiento en sismógrafos, mareógrafos, boyas con sensores de presión, radares marinos y/o sistemas GPS para detectar lo antes posible el lugar y la intensidad de un terremoto y la probabilidad y características de un tsunami.

Además, han señalado los científicos, este sistema debe significar una evaluación y los consiguientes cambios al protocolo estatal de emergencias y su relación con la comunidad, lo que incluye obtener información fidedigna y rápida, mejorar las comunicaciones entre los detectores científicos y quienes deben dar la alerta a la ciudadanía y acerca de quiénes toman las decisiones y asumen las responsabilidades.

Este mismo sistema debe considerar planes sectoriales y territoriales de alerta, que incluya fundamentalmente las vías y formas de evacuación, los lugares seguros de cada pueblo y ciudad y que integre señaléticas para evacuar e indicar los sitios seguros.

Incluso, esta misma gran planificación pudiera considerar además lo que se debe hacer después del primer día del evento, es decir, un protocolo de reconstrucción y medidas de normalización de la vida, como son las hoy discutidas formas de financiamiento, prioridades, instituciones a cargo -¿es Un Techo para Chile la llamada a centralizar las mediaguas?, por ejemplo- y medidas que den ciertos niveles de autonomía y diversificación regional a la producción y distribución de agua potable, electricidad y gas.

Entre los aportes específicos realizados por los científicos después del sismo de 8,8 grados Richter -aunque sus ideas son casi todas desconocidas justamente por falta de difusión y consideración- está la necesidad de confeccionar cartas de inundación posibles en caso de maremoto. Actualmente existe una basada en el tsunami de 1835, pero que no fue lo suficientemente difundida por considerarse que podría generar pánico, bajar la plusvalía inmobiliaria o los costos de construcción, entre otras razones.

La postura de Hormazábal es que se deben crear decenas de estas simulaciones porque cada terremoto genera distintos tipos de olas y cada ola llega de manera diferente a las costas, dependiendo de la magnitud del sismo, de su epicentro, de las mareas, del clima, de la topografía y morfología submarina y superficial. Por lo tanto, en caso de terremoto se sabría rápidamente si se genera o no tsunami, dónde, qué altura de las olas, etcétera.

Relacionado con este punto, la ciencia local también sugiere que dentro de estas cartas de inundación se considere las formas de la topografía submarina y superficial, pues aunque el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) realiza este trabajo respecto del suelo marino, no está integrado a una carta de inundación ni al trabajo en general que este mismo servicio realiza para analizar los maremotos y sus posibles efectos, ya que zonas submarinas bajas reaccionan distinto a las áreas profundas, por ejemplo.

En el caso de la topografía superficial, se refiere a la existencia de cerros y bahías y diversos accidentes geográficos que pudieran también modificar las olas de un maremoto creando, por ejemplo, olas sucesivas en un área debido al choque en costas que se enfrentan, como ocurrió en Dichato.

El director regional de la Onemi había señalado a El Diario de Concepción aquel 12 de febrero que su institución realiza esfuerzos por educar a la comunidad acerca de terremotos y maremotos. Entre éstos existe un programa financiado por la Unesco en el que participan Coronel, Penco y Tomé y al cual, en esa fecha, se esperaba involucrar a más comunas. Su costo es de 50 millones de pesos. Como en la mayoría de los planes de educación a la comunidad, el proyecto considera información acerca de los sitios de inundación, medidas de protección y de evacuación. Y está inserto en el Plan Integral de Seguridad Escolar, que reemplazó a la anterior Operación Deyse. En esa ocasión Henríquez contó que en septiembre se realizaría un simulacro de evacuación en una o varias comunas, aunque ya se habían realizado por zonas más pequeñas y en colegios.

Estos intentos educativos incluyen actuales trabajos con 27 comunas de la Región, desde hace cinco años. Para 2010 se esperaba incluir otras siete.

Por ello, la enseñanza que dejó este terremoto es justamente la prioridad de educar a la población, por territorios y áreas de actividad, con simulaciones de alerta, con capacitación en el esperado sistema de alerta temprana, porque esta área tiene muchas potencialidades, al punto de que hace tiempo que existe material de difusión impreso, pero no ha sido distribuido en las cantidades que se requiere.

Acomodar instituciones a la realidad

Una de las necesidades que afloró con la traumática experiencia del 27 de febrero y los días que le siguieron, es el cambio a la institucionalidad relacionada con las emergencias.

El sismólogo Adriano Cecioni interrogó acerca de la actual dependencia de los servicios preocupados de analizar y alertar de riesgos naturales o provocados por la actividad humana, pues considera que su autonomía y burocratización es excesiva.

Y lo explicó enumerándolos: las inundaciones por lluvias dependen de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Agricultura, los volcanes son tema del Servicio Nacional de Geología y Minería que depende del Ministerio de Minería, los terremotos están en manos de la Universidad de Chile que depende del Ministerio de Educación, los tsunamis son material del SHOA, que es parte del Ministerio de Defensa por ser un departamento de la Armada, y la Onemi es un departamento del Ministerio del Interior. “¿Es posible que exista coordinación y rápida si cada entidad de emergencias depende de distintos ministerios?, preguntó el sismólogo.

Otro de los aspectos relacionados con la institucionalidad se refiere a las atribuciones de la Onemi. Tal como lo señaló la Cámara de la Construcción y el director regional de la Onemi, este institución no tiene la capacidad de exigir o evaluar proyectos para resolver si son aptos respecto de los riesgos naturales. Lo mismo acontece en los casos de exigir planes de contingencia a las empresas o servicios que construyan en la costa, pues sólo les puede sugerir hacerlo. Además, su capacidad de resolución en el ámbito educativo se ve mermado por la cantidad de funcionarios que posee y de su presupuesto operativo.

En tanto, en el caso del SHOA se ha propuesto que se relacione más con la comunidad científica y sus decisiones no dependan de la estructura jerárquica de la Armada.

Acondicionar norma de construcción al suelo penquista

En el área de la construcción, tan cuestionada tras el terremoto y en la cual la palabra científica es clave, la situación vivida en diversas sectores del Gran Concepción llaman a realizar mejores estudios de suelo antes de construir.

Esta situación se debe, explicó el sismólogo Cecioni, a que especialmente la capital regional posee una diversidad de suelos que complejizan cualquier sondaje para determinar su composición y, por lo tanto, las necesidades que requiere determinada construcción.

Contó que esta zona esta formada, en forma intercalada al nivel horizontal y vertical del suelo, por diversos tipos de componentes, como por ejemplo arcilla, arena, limo, rocas y cantidades variables de agua. Por lo tanto, han señalado él y el oceanógrafo Hormazábal, no puede ser que la norma de construcción del Gran Concepción sea la misma que se exige en Santiago. Ello porque estas particularidades requieren una norma especial. Y no es capricho, pues una edificación responde de manera diferente ante un terremoto, dependiendo del suelo sobre el cual esté edificada.

Incluso, las cuatro tipos de ondas sísmicas que provoca un gran temblor tiene efectos distintos en el terreno. Así, las Primarias pueden producir saltos del suelo, las Secundarias pueden provocar cortes en construcciones si sus períodos de oscilación -edificio/suelo -son distintos; las ondas Love mueven el piso y las estructuras en forma horizontal y las ondas Rayleigh lo hacen de arriba hacia abajo, generando un efecto mayor mezcladas con las Love.

Observatorio Territorial para alertas

El mundo científico local, encabezado por la Universidad de Concepción, no se ha quedado sólo en la investigación y las críticas, sino que también ha realizado propuestas para ser ejecutadas por el gobierno en el sistema estatal.

La más relevante respecto de la situación vivida con el terremoto y tsunami es el Observatorio Territorial para el Desarrollo Sustentable. La propuesta fue realizada hace dos años por los científicos locales y la Onemi al Consejo Regional de Gobierno, pero hasta antes del evento del 27 de febrero había dormido el sueño de lo no prioritario y de la falta de financiamiento.

Aunque la propuesta es desconocida en detalle, ésta considera un sistema de alerta temprana de emergencias, especialmente terremotos y tsunamis, incluyendo una red fluida de comunicaciones internas y externas a la Región del Bío Bío. Factor clave en la canalización de informaciones respecto a los eventos naturales y a la necesidad de tomar decisiones respecto a ellas y a la manera de comunicarlas a la comunidad.

El sistema de alerta, como se explica en el texto central, se refiere a diversos componentes tecnológicos para “escuchar” lo que diga la Tierra y lo antes posible.

En estas mismas páginas, hoy consejeros y otras autoridades han señalado la urgencia de esta aprobación, pero esto requiere financiamiento. La propuesta original tenía un costo de casi 5 mil millones de pesos, pero entre conversaciones y ajustes a la “realidad local”, finalmente se ha propuesto comenzar con un proyecto de 300 millones de pesos.

Muchos científicos locales esperan que, con el mejor ejemplo dado por la naturaleza, exista la convicción de que un sistema de alerta temprana es prioridad hoy, porque el siguiente terremoto puede ser en 100 años más o mañana. Pero lo seguro es que, otra vez, vendrá.