Marzo 2010: La necesidad de reformular las políticas para emergencias

Sismólogo de la U. de Concepción Adriano Cecioni cuestiona institucionalidad

Experto analiza la descoordinación para alertar tsunamis, el sitio del epicentro y las cartas de inundación por maremoto, información gráfica que fue analizada en edición de El Diario de Concepción sólo dos semanas antes del terremoto.

La gran polémica nacional desde el terremoto del sábado 27 es acerca de las responsabilidades por la descoordinación producida en entidades del Estado encargadas de monitorear la generación de tsunamis y de quienes deben dar la alerta si así ocurre.

Este hecho ya provocó la destitución del director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), Mariano Rojas; y el fin de la vocería de las catástrofes naturales desde la Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI), traspasándola al subsecretario del Interior, Patricio Rosende.

Pero en el primer caso -aunque el hilo exacto de los hechos debiera darlo una investigación en curso- los errores comenzaron con las comunicaciones enviadas por el SHOA a la ONEMI respecto de la ocurrencia o no de un tsunami.

Mientras la Armada reconoció poca claridad en la entrega de información a la Presidenta Bachelet -no a la ONEMI-, esta última entidad ha defendido su procedimiento informativo. A pesar de que ONEMI no dio alerta de tsunami, sí lo habrían hecho algunas Gobernaciones Marítimas, lo que habría permitido el escape de algunos habitantes.

Sólo con este resumen existen dudas acerca del procedimiento, ya que no queda claro por qué la Presidenta llama telefónicamente al SHOA, pues para el sismólogo de la Universidad de Concepción Adriano Cecioni la intervención de una autoridad política no corresponde, excepto que la directora de la ONEMI no hubiese estado en condiciones de consultar. “Y si así hubiese sido, luego le corresponde hacer la consulta al ministro del Interior, no a la Presidenta”, aclara el experto local.

Por lo tanto, junto a los errores y contradicciones en la información entregada por el SHOA, también se habrían producido salidas de protocolo desde la misma Presidenta.

Los que, al parecer, continuaron la línea protocolar fueron las gobernaciones marítimas y Bomberos, ya que lograron avisar de un supuesto tsunami, algunos con la información del SHOA, pero otros no, sino sólo obedeciendo las pautas previas acerca del aviso en caso de terremotos fuertes, que dificulten mantenerse de pie a una persona adulta y sana.

Para Cecioni, el fondo de toda esta situación está en el hecho inexplicable de que “todas las instituciones del país relacionadas con los riesgos naturales sean diferentes y dependan de distintos ministerios”.

Así es, ya que los riesgos de inundaciones -no por tsunami- dependen de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Agricultura; los volcanes los ve el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomín), que depende del Ministerio de Minería; los terremotos están a cargo de la Universidad de Chile, que depende del Ministerio de Educación; los tsunamis los analiza el SHOA, que es parte del Ministerio de Defensa; y la Onemi, que coordina la información y da las alertas, depende del Ministerio del Interior.

“¿Es posible que exista coordinación si cada entidad de emergencias depende de diferentes ministerios?”, consulta el sismólogo de la UdeC.

Además, hubo otra situación que pudo haber llevado a error al SHOA y se trata del lugar exacto del epicentro del terremoto. Esto, porque según aclara Cecioni, “si el sismo sobre los 7 grados Richter es en el mar habrá tsunami leve o grande, pero si es en tierra no habrá”. Ese es, por lo menos, el criterio general actual, aunque como el mismo experto ha señalado, las teorías no necesariamente son comprobadas en la acción de la Naturaleza.

¿Y cuál es el problema con el lugar del terremoto? Es que su epicentro fue muy cerca de la costa, entre 5 a 10 kilómetros de la playa. Esto según las coordenadas entregadas por la ONEMI: 72,36 West y 36,06 Sur. Viendo un mapa con coordenadas, esta posición está al norte de Curanipe (en el mar, debido a que en esta zona la costa tiene una dirección casi exactamente suroeste-noreste) y en un lugar ubicado al oeste del punto medio entre Curanipe y Chanco.

De echo, cuando se le consultó a Cecioni acerca de la certeza de un tsunami en caso de que se produzca en el mar, pero muy cerca de la costa, señaló que él no podría ser tan taxativo respecto a ese criterio si el epicentro se ubica muy cerca de una playa.

Ahora, esto basado en el fax más conocido que envió el SHOA a la ONEMI, pues según la directora de esta última, Carmen Fernández, “un primer informe que se nos entregó tenía epicentro en el interior, lo que no provoca tsunami”. ¿Es éste el primer informe?, lo que haría falsa su apreciación. ¿O hubo uno anterior con otras coordenadas? El tema se complica aún más.

Respecto a las cartas de inundación en caso de un tsunami, que existen de algunas zonas de la Provincia de Concepción, el problema fundamental es que no se difunden, reclamaba hace tres semanas el director regional de la ONEMI, Jorge Henríquez. (En la edición del lunes 15 de febrero de El Diario de Concepción se realizó un reportaje acerca de estas cartas, su desconocimiento y su poca relevancia al momento de instalar casas y empresas). Cecioni dice que la ONEMI no debe reclamar, sino exigir las atribuciones necesarias para eso y, especialmente, para obligar a las empresas restricciones para construir o planes de emergencia para quienes allí habiten, trabajen o estudien, como lo propuso el propio Henríquez.

Según aquel reportaje, sólo la Municipalidad de Penco tiene publicada y trabaja con la comunidad sobre la base de esas cartas de inundación que, además, sólo existen para las comunas que poseen puerto.