Mayo 2010: Geólogos alertan sobre el riesgo latente de derrumbes por lluvias

Expertos dispuestos a realizar estudios para mitigar, pero se requiere financiamiento.

La tarea es urgente: cartografiar y catastrar los sitios de mayor riesgo por razones históricas y por los cambios geomorfológicos provocados por el terremoto y que se agravarán con lluvias y temblores.

Mientras para algunos sectores sociales y geográficos cada día es un paso más a la normalidad tras el terremoto, para otros se abre una nueva amenaza: los deslizamientos o remociones en masa desde cerros producto de la lluvia, en zonas siempre inestables, hoy en peores condiciones por el movimiento telúrico que removió cimientos y abrió grietas. Todas las fuentes consultadas lo aseguran: esto es grave y urgente.

Una de las comunas que más problemas puede tener es Talcahuano, que ya sufrió la destrucción de varias casas producto de corrimientos provocados el día del terremoto en los cerros David Fuentes -frente a la plaza de armas-, Centinela y Los Lobos.

La compleja situación que vive la ciudad la explicó el encargado de Emergencias del municipio y ex director regional de Onemi, Jaime Romero, quien pidió realizar un catastro de las vulnerabilidades y de los sectores colapsados a partir de información histórica de los cerros que ya se aprecian con problemas.

La solicitud la realizó en el Taller Riesgos, Desastres Naturales y Sistemas de Alerta Temprana, que fue uno de los 10 que trabajaron el martes 13 en la Universidad de Concepción, como parte del Seminario de Reconstrucción Regional. De hecho, el oceanógrafo físico Samuel Hormazábal ya lo había advertido por estas páginas el 14 de marzo, quien agregó que una réplica fuerte en día de lluvia puede de ocasionar graves problemas en este ámbito.

Hasta ahora, quien ha liderado los estudios de cómo está la situación geológica general de la Región es el Servicio Nacional de Geología y Minería, a donde han llegado múltiples solicitudes municipales para obtener información acerca de estos riesgos.

La geóloga de este servicio estatal Paola Ramírez explicó que, hasta ahora, han podido avanzar en un diagnóstico general de Bío Bío que está en proceso y en un análisis más detallado de algunas zonas críticas con profesionales de la Universidad de Concepción. En el primer caso se avanzó en un catastro en Talcahuano, Concepción, Tomé, Penco, Lota, Coronel, Chiguayante y la ribera del Río Bío Bío. O sea, casi toda la Provincia de Concepción tiene riesgos. Y aunque no existe un estudio más preciso, lo mismo ocurre en gran parte de la Provincia de Arauco. Sin embargo, afirma que es información relevante pero muy insuficiente. Por lo tanto, ¿qué es lo que falta?

El geólogo de la UdeC Andrés Tassara, quien junto a Ramírez y su colega Klaus Bataille participaron liderando el taller universitario, explicó que se necesita un estudio en detalle de la Región, que considere al menos 60 comunas que viven en una situación más riesgosa, incluyendo casi todas las de Bío Bío (son 54 en total). Existe un mapa de fotografías aéreas de todo el borde costero, pero de antes del terremoto, el que debe ser urgentemente complementado con nuevas fotografías de los cambios provocados por el terremoto, los que además deben ser cotejados y evaluados en terreno.

En un reportaje de El Diario de Concepción del 5 de octubre, se informó que el 38% del Gran Concepción se asienta en zonas de riesgo por derrumbes y deslizamientos, como laderas y sus cerros, bordes de lagunas y ríos, cercanía al mar. Ya en esa ocasión se temían deslizamientos en los cerros La Pólvora y La Gloria y en Lonco, informaba Rodrigo Sanhueza, jefe de Geografía de la UdeC. Su colega Edilia Jaque agregaba el valle del Río Andalién, Nonguén y Coronel.

Por lo tanto, la Región está contra el tiempo, pues las lluvias ya comenzaron a caer, aún débiles; pero también está con un problema: no hay recursos asignados para realizar estos estudios (ver recuadro).

Pero los efectos del terremoto no terminan aquí. La geóloga Paola Ramírez explica que además de las remociones en masa, otros problemas que pueden agravarse con las lluvias son la licuefacción, la existencia de fallas geológicas y el levantamiento del terreno en las zonas de ríos y en la costa.

En el caso de la licuefacción, se trata del proceso de asentamiento de la infraestructura, provocado por el terremoto, como edificios, caminos y puentes, que se produce por la presencia de agua en el subsuelo, lo que con las lluvias puede agravar este hundimiento de las estructuras. Este problema afecta zonas de Concepción, Chiguayante, Tomé, Lebu, Penco, borde del Bío Bío y Los Ángeles.

En el caso de las fallas geológicas, Ramírez contó que sólo una de ellas -existen decenas inactivas desde hace millones de años- tuvo una modificación en esta Región, que se ubica en San Fabián de Alico. Su activación puede provocar problemas en caso de otro sismo intenso.

El ya conocido levantamiento del suelo tras el sismo, principalmente en Arauco por encontrarse más cerca de la fosa oceánica frente a Chile, es otra dificultad. No sólo porque los pequeños pescadores artesanales quedaron con sus muelles y botes alejados del mar, sino porque estos cambios deben haber modificado los cursos de algunos ríos que, en caso de subidas de su cauce, pueden provocar inundaciones en lugares que antes no anegaban.

Otro problema lo agrega Jaime Romero, quien recuerda que el barrio Santa Clara, arrasado por el tsunami, nunca antes había tenido ese problema, lo que se debe al relleno de los humedales cercanos realizados y autorizados a empresas, constructoras e inmobiliarias. El profesional destacó algo que ya han señalado grupos ambientalistas: no se deben rellenar los humedales

El paso más importante: ¿cómo financiar los estudios?

Los profesionales de la Región ya han avanzado en los estudios de riesgos inminentes y, fundamentalmente, tienen claro qué se debe hacer y cómo. Pero hay dos problemas básicos: la urgencia en el tiempo y el dinero para hacerlo, especialmente con el apuro que se requiere.

Para ello, se necesita que el Sernageomín reciba el suplemento de recursos necesarios para realizar su actividad, hoy claramente aumentada; y principalmente, que se obtenga recursos para realizar los estudios.

Las miradas van de inmediato al Gobierno Regional, pues es quien debe velar por la seguridad de las personas y la infraestructura, con apoyo de las universidades y las empresas.

Aunque no hay una cifra exacta, según lo conversado en el taller de Riesgos de la UdeC, una cartografía de riesgos mínima para tomar medidas para mitigarlos es cercana a los 50 millones de pesos.

Las opciones son el financiamiento directo del gobierno, el aporte en profesionales, infraestructura y recursos de las universidades, y la entrega de dineros por parte de las empresas de la Región y el país. O todas las anteriores.

Según Tassara, lo prioritario es la voluntad política del Gobierno de apoyar el estudio y de buscar fórmulas de financiamiento.